¿Impuesto a la leche de los pibes?… Sí, impuesto a la leche de los pibes

En medio de una maraña de disposiciones, el Gobierno coló en su proyecto de ampliación del presupuesto 2020 un artículo que promete generar polémica: propone eliminar del beneficio de la exención del IVA a la leche fluida y en polvo. Si la iniciativa oficial es aprobada, este producto de primera necesidad, que actualmente no paga IVA, será gravado con un 10,5% de ese impuesto, lo que impactará en su precio final, advirtieron diputados de Juntos por el Cambio.

En efecto, en el artículo 18 del proyecto del Gobierno se elimina la exención del IVA «la leche fluida o en polvo, entera o descremada sin aditivos», mientras que en el artículo siguiente se dispone que estos productos serán gravados con el 10,5%.

«En medio de la crisis económica y la fuerte caída en los ingresos de la población, una suba de esta naturaleza en el precio de un artículo de primera necesidad es difícil de aceptar», adelantó el diputado radical Luis Pastori, miembro de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, quien insistió en que esta práctica de instrumentar modificaciones impositivas en la ley de presupuesto (que se hizo habitual en los últimos gobiernos) está prohibida.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, había anunciado que, en virtud de la pandemia y los mayores gastos que esta emergencia demanda, enviaría a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para ampliar las partidas de gastos y de recursos hasta fin de año. La iniciativa fue presentada como un «gesto» a la oposición, recelosa del uso de los «superpoderes» que le permiten al jefe de Gabinete instrumentar estas asignaciones por decreto de necesidad y urgencia. A cambio reclamó celeridad para que el proyecto sea aprobado cuanto antes.

Sin embargo, la oposición sospecha que dentro de esta iniciativa se disimulan algunos puntos polémicos y anticipó que no lo apoyará a «libro cerrado», como pretende el oficialismo.

El proyecto, que ingresó el viernes pasado a última hora, propone incrementar los gastos totales en casi $2 billones ($1.859.582,8 millones), lo que implica un incremento del 33,6% respecto del presupuesto vigente. Buena parte de esta suba está destinada a atender la emergencia de la pandemia: 170 mil millones se destinarán a mantener el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), mientras que otros $1625 millones nutrirán el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) para financiar a las empresas.

Pero esta ampliación presupuestaria también incluye un fuerte refuerzo de partidas para atender otros gastos, como la actualización de los salarios de los empleados públicos. Por caso, se establece una suba $8879 millones para el Poder Legislativo y otros $16.800 millones para el Poder Judicial. También hay una fuerte suba destinada al Ministerio de Seguridad de $45.000 millones.

Estos gastos serán financiados con un aumento de recursos provenientes, sobre todo, de las utilidades giradas por el Banco Central. El proyecto propone ampliar estos giros a $1,6 billón. Aquí también la oposición levanta su voz en advertencia.

«Están financiando el déficit con ingresos ficticios a partir de una maniobra contable orquestada por el Banco Central», advirtió el diputado radical Alejandro Cacace, quien explicó que este organismo aumenta de manera ficticia su balance al valuar su tenencia de letras instransferibles a valor técnico, no de mercado. Este cambio, que se instrumentó en una decisión del BCRA en diciembre pasado, le permite aumentar las «ganancias» de la entidad y así financiar al Tesoro vía la emisión de pesos, más allá de lo que dispone la Carta Orgánica de la entidad.

«El problema es que el Gobierno pretende incorporar esta maniobra de la ley permanente de presupuesto», advirtió Cacace.

Por: Laura Serra

Fuente: La Nación

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